Hace unos días se podía leer en elconfidencial.com lo siguiente:“El sector está convencido de que una de las causas que explican la salida de Cristina Narbona del Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver, precisamente, con el tapón que había generado su departamento en la tramitación de expedientes, lo que ha provocado el retraso 'injustificado' de muchas obras. Tanto en la patronal de la construcción como en la de las autopistas se ha criticado con dureza a Narbona por su incapacidad para tramitar los expedientes administrativos. No se criticaba la necesidad de presentar informes de impacto medioambiental sino, sobre todo, el injustificado retraso en su aprobación, lo que encarece la ejecución de los proyectos.”
Es un texto revelador: no hay objeción a la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente siempre y cuando su función sea meramente cosmética; mientras los expedientes simplemente “se tramiten”, siendo impensable que el resultado sea otro que la aprobación de la obra. Pero con todo, lo peor del texto no es la forma de pensar que revela –algo, por otro lado bastante evidente–, sino la posibilidad de que, en efecto, esta haya sido la razón por la que el presidente del gobierno haya prescindido de una ministra que ha mostrado una forma de entender la política ambiental que va más allá de la “tramitación” de unos expedientes estériles. Lo peor es pensar que, en un momento en el que –al más puro estilo keynesiano– se pretende estimular la economía mediante la aceleración del plan de infraestructuras, la política ambiental se considere no solo innecesaria, sino un obstáculo; algo que no hace sino confirmar lo que ya sabemos: se puede cuestionar todo menos el crecimiento económico. Sería bueno que algún día pensáramos en el precio que pagamos por ese crecimiento presuntamente ad infinitum.
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