El partido de las costumbres

Trato de imaginarme a un miembro de las mafias albano–kosovares –por poner un ejemplo de un malo de moda– acudiendo voluntariamente a la comisaría más cercana con el fin de declarar la incompatibilidad entre sus actividades profesionales y las condiciones del “contrato de integración”. No lo acabo de ver...

Cuentan que uno de los candidatos a presidente del gobierno ha propuesto un “contrato de integración” para los inmigrantes por el cual estos últimos deberán comprometerse a "cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”. Las dos primeras parecen obvias –aunque si uno es, por ejemplo, británico o alemán, y posee una propiedad en la costa, queda exento del cumplimiento de al menos la segunda condición–; la tercera es más interesante.

El candidato podría haberse limitado a proponer un contrato de un único artículo: “el inmigrante se compromete a cumplir con la ley”. Y sin embargo además de este requisito obvio, exige también la observación de las costumbres –suponemos que se refiere a las de las personas “normales”–. Esto es más delicado, porque uno sospecha que empezarán por los más débiles –los inmigrantes– y acabarán pidiéndonos la firma a todos los demás. Por eso pido que antes se enumeren esas costumbres. ¿Incluiría esa lista la muy española costumbre de echar una canita al aire para hacer más llevadero el peso de un matrimonio indisoluble? ¿Será lo de tirar al suelo de los bares los restos de las gambas? ¿Acaso el hábito de conducir con “solo una copita después de comer, agente”? ¿Y eso de abandonar las deposiciones de los perros en la calle? ¿Quizás también lo de tirar la cabra desde lo alto del campanario? ¿Y Lo de saltarse cualquier cola? Señor candidato, ¿a qué “costumbres españolas” se refiere? Porque dependiendo de a qué se refiera, podría uno hasta pensarse lo de la firma.

Hay millones de inmigrantes deseosos de venir a los países ricos. La diferencia entre ellos y los que ya están aquí es que estos últimos son los que nosotros necesitamos para que nos sirvan el café, recolecten las cosechas, pongan la leche en la estantería correspondiente del supermercado, construyan pisos y carreteras, o limpien casas –a los que hay que añadir el correspondiente cupo de indeseables que, por otro lado, contiene cualquier grupo humano con independencia de su raza, nacionalidad o religión–.

El asunto, me temo, es que alguien quiere sacar beneficio de nuestros hábitos de mal pagador. No queremos pagar el coste de la riqueza que nos proporciona esa mano de obra barata. No queremos que el contrato de integración nos obligue a nosotros. Queremos que los inmigrantes sean solo eso: mano de obra barata; que no existan fuera del trabajo, que sus hijos no tengan derecho a plazas de guardería, que no aparezcan por los hospitales, que se abstengan de pasear por los parques... Sí, ya se que eso no es lo que dice la letra pequeña de la propuesta, pero sí se que esa propuesta no ha sido hecha para ser leída.

Lo interesante de este tipo de medidas es que, en la práctica, tienen el mismo coste que beneficio: ninguno. Lo explicaba hace poco Santiago Mir Puig en relación al endurecimiento de las penas en el Código Penal: de nada sirve hacerlo si el delincuente sigue en la calle. El político propone la modificación del Código Penal no porque lo considere una forma adecuada de solucionar un problema; lo hace porque le sale más barato que aumentar los medios y efectivos policiales. Para el ciudadano el beneficio de la propuesta es cero; pero con esto el político araña unos votos que le son muy necesarios.

Cuenta Juan Carlos Suñén que un amigo político le dijo un día que la política es el arte de ganar las elecciones al menor coste posible. Me gustaría creer que ese coste es algo mayor de lo que este candidato está dispuesto a pagar.