Sobre mitos electorales

La Ley electoral es una de esas cosas de las que todo el mundo habla, y que todo el mundo desconoce –como el caviar, pongamos por caso–. Uno de los mitos que sobreviven gracias a este desconocimiento es el de la famosa sobre–representación parlamentaria que se atribuye a los partidos políticos minoritarios –entre nosotros, los “nacionalistas”–. El mito no es falso –al menos para algunos partidos–, pero es una verdad contada a medias.

Después de un complejísimo cálculo que lleva unos dos minutos, es posible elaborar la siguiente tabla en la que el “índice de sobre–representación” muestra cuántas veces más diputados tiene una formación en relación a su porcentaje de votos. La tabla está ordenada de mayor a menor.

_______%votos__%escaños_índice de sobrerep.

PNV_____1,20___1,71_____1,43
Na–Bai__0,24___0,29_____1,19
PSOE____43,74__48,29____1,10
PP______40,12__43,71____1,09
CiU_____3,05___3,14_____1,03
CC–PNC__0,65___0,57_____0,88
ERC_____1,17___0,86_____0,73
BNG_____0,82___0,57_____0,70
UpyD____1,20___0,29_____0,24
IU______3,80___0,57_____0,15

Queda claro que el campeón en sobre–representación es, de largo, el PNV, que tiene un 43% más de diputados que de porcentaje de votos, seguido de lejos por Na–Bai, que tiene un 19%. PSOE y PP le siguen con un modesto 10%. ERC, en cambio, tiene un 25% menos de diputados que de votos, y el indiscutible farolillo rojo es IU, que tiene un 85% menos diputados que votos, o sea, casi siete veces menos –algo parecido le sucede a UpyD–. Como se ve, en líneas generales el mito se resiente, sobre todo si consideramos que no es lo mismo un 45% en 6 escaños –PNV– que un 10% en 169 –PSOE–.

Es obvio, pero la mayoría de los españoles lo desconocen –algunos, incluso lo ignoran–: los grandes beneficiados por la Ley electoral son –¡oh, sorpresa!– el PSOE y el PP; la gran perjudicada –¡oh, sorpresa!–, IU –ahora acompañada por UPyD–. Habrán oído muchas veces a los dirigentes del PP –y a algún socialista a título personal– quejarse del poder que la ley actual otorga a las minorías; lo que no oirán es una propuesta de reforma por parte de ninguno de estos dos partidos. Interesan los votos que se ganan con la queja; no la merma de poder que supone cambiarla. Algunos políticos empiezan a hablar de una tímida reforma para llegar hasta los 400 diputados que permite la ley, añadiendo 50 diputados a elegir por circunscripción única –una posibilidad que mejoraría las expectativas electorales de IU–, pero eso es todo lo lejos que están dispuestos a llegar.

La ley electoral se hizo como se hizo con un objetivo: asegurar en sus inicios la viabilidad de un sistema político recién estrenado mediante el fomento de un fuerte bipartidismo, sin perjudicar demasiado a las minorías territoriales –un encaje de bolillos–. Objetivo conseguido. Ahora bien, que los partidos no hablen de ello, no debería ser impedimento para que nosotros sí lo hagamos. ¿Porqué no pensar en posibles mejoras?

La ley establece –creo que está en la Constitución– que la provincia sea la circunscripción electoral. Es decir, se asignan escaños a cada provincia en función de la población –siempre con un mínimo de dos diputados– y luego se asignan estos escaños de acuerdo con la Ley D’Hont.

Puestos a elucubrar acerca de modificaciones en la Ley electoral, se me ocurren dos métodos de asignación de escaños situados en los dos extremos posibles:

- Ley electoral de circunscripción única –España entera– y una asignación proporcional de escaños –tantos votos, tantos escaños–.
– Ley electoral con 350 circunscripciones –una circunscripción, un escaño– y una asignación de escaños de tipo “el primero se lo lleva todo”.

Con la primera ley, adiós para siempre a las mayorías absolutas y “mayorías amplias”. Los partidos mayoritarios perderían representación a costa de aumentar más, si cabe, el control del partido sobre los diputados y el peso de los “partidos minoritarios”. Podríamos especular, al tiempo, acerca de qué zonas del país serían las más beneficiadas por la legislación saliente de un parlamente de esta manera constituido: ¿hacia dónde irían las asignaciones presupuestarias? ¿competirían los partidos por el voto de las grandes concentraciones de población o por las zonas más deshabitadas?

La segunda es, para mí, la más deseable: el candidato que más votos saca en su circunscripción se lleva el escaño –haya competido con uno, dos, quince o sesenta y dos candidatos–. Por supuesto, con este método, adiós a las listas cerradas. La mayor ventaja de este sistema es que introduce en la política el concepto de responsabilidad ante la ciudadanía, y que libera al diputado –al menos hasta cierto punto– de la perniciosa idea de la “disciplina de partido” a la hora de votar. Cada diputado es responsable directo ante los electores de su circunscripción –sean o no sus votantes– y el ciudadano se dirige a “su” parlamentario. Solo un sistema como el descrito puede dar lugar a lo visto en el parlamento británico: cien diputados laboristas votando en contra de Tony Blair. Por cierto, ¿creen que IU saldría muy perjudicada con este sistema? Piénsenlo antes de responder. Cuando lo importante es el candidato y no el partido, ¿están en desventaja los pequeños?

Se trata de repartir el poder. En líneas generales, a mayor distribución del poder, mayor beneficio para el conjunto. Ya el sistema electoral con circunscripciones provinciales significa una descentralización del poder: el diputado sabe que debe obediencia al partido que lo pone en la lista, pero al tiempo sabe que no puede apoyar medidas que vayan en contra del territorio en el que ha sido elegido –cosa que no sucedería con una circunscripción única–.

No hay duda de que, con una ley de 350 circunscripciones, el mayor problema sería el establecimiento de los límites de las mismas. El criterio debería ser de población: todas ellas deberían tener un número de población similar (alrededor de 150.000 habitantes); ahora bien, todos los partidos querrían un mapa de circunscripciones que maximizara su número de diputados –imposible ponerse de acuerdo–.

Cámbiese la Ley electoral y nótense de inmediato los beneficios en el poder judicial, en las comisiones parlamentarias, en el nivel de independencia parlamentaria y un largo etcétera. Y si añadimos una reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos, ¡sería ya el acabose!